Conforme al organismo, la Policía y las Fuerzas Armadas del país peruano sí recurrieron a un “uso desproporcionado, indiscriminado y letal” de la fuerza contra los manifestantes que exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
En el documento, que consta de 113 páginas, se concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en nuestro país, sobre todo, en algunas regiones, como Ayacucho y Puno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que en el país sudamericano los manifestantes sí sufrieron de un uso excesivo de la fuerza por parte de los policías y militares. En este sentido, se comprueba una vez más que durante el gobierno de Dina Boluarte se perpetuó una serie de violaciones de derechos humanos contra el pueblo peruano.
Así mismo, el organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) calificó de “masacre” la represión policial y militar que ocurrió en Ayacucho, y recomendó al Estado peruano que haga un monitoreo a las víctimas e indemnice a sus familiares.
Las manifestaciones estallaron el 7 de diciembre, luego que Boluarte, la entonces vicepresidenta, asumiera el gobierno en reemplazo del izquierdista Castillo, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva por presuntos delitos de “rebelión y conspiración”.
Boluarte respondió a las protestas declarando el estado de emergencia y sacando a los militares a las calles. En este contexto, se produjeron enfrentamientos y acciones represivas. Los manifestantes exigían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones para 2023 y una nueva constitución, entre otras demandas.
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