Previamente, los funcionarios del gobierno de Trump en una carta dirigida a la Universidad de Harvard, habían la implementación de reformas exhaustivas en su sistema de gestión, modificaciones en las políticas de admisión de estudiantes y restricciones a la creación de asociaciones estudiantiles, así como a sus actividades dentro del campus.
Además, se había advertido a las autoridades de Harvard que, de no acatar las exigencias planteadas en la mencionada carta, un total de 9.000 millones de dólares en fondos federales y contratos de la universidad estarían en riesgo de suspensión.
Paralelamente, el presidente de la Universidad de Harvard, Alan M. Garber, declaró que la institución no cederá ante las exigencias del gobierno de Trump.
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