Mediante un comunicado emitido este martes, la canciller Ana Gervasi Díaz ha anunciado que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha declarado persona no grata al embajador de México en este país, Pablo Monroy Conesa, y le ha otorgado 72 horas para salir del territorio nacional.
La expulsión del embajador mexicano ocurre horas después de que México ofreciera asilo diplomático a la familia del expresidente Pedro Castillo —destituido el 7 de diciembre— en su Embajada en Lima.
Según la Cancillería peruana, esta medida se ha tomado por “las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país [México] sobre la situación política de Perú que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos”.
En referencia a las recientes declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la Cancillería peruana aclara que las declaraciones de AMLO son particularmente graves en la situación en la que Perú enfrenta una situación de violencia.
En este sentido, la Cancillería ha mencionado algunas de las declaraciones “preocupantes” de AMLO; a saber, sus aseveraciones sobre el estado de emergencia decretado por el Gobierno peruano el 16 de diciembre, así como las realizadas el 19 de diciembre sobre el orden democrático, Estado de derecho y legalidad en el país, y también sobre la detención del expresidente Pedro Castillo.
El presidente mexicano, ha dicho en varias ocasiones que el líder izquierdista peruano fue víctima de hostigamiento desde que llegó al poder e incluso ha afirmado que su Gobierno reconoce a Castillo, no a Boluarte.
La Cancillería de México, por su parte, instruyó al embajador Pablo Monroy regresar a su país para resguardar su seguridad. Además, señaló que la Embajada de México en Perú quedará a cargo de la primera secretaria, Karla Tatiana Ornelas Loera, actual jefa de Cancillería de la Misión. “La representación mexicana continuará operando con normalidad”, detalló la Cancillería encabezada por Marcelo Ebrard en un comunicado.
El Congreso peruano despojó del cargo de mandatario del país a Pedro Castillo el 7 de diciembre, horas después de que este decidiera disolver el Congreso y desde entonces fue detenido. Luego, un juez en Perú dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra mientras es investigado por los “delitos de rebelión y conspiración”.
Después de que Castillo fuera destituido y Dina Boluarte asumiera la Presidencia, las calles de Lima (capital) y de otras zonas del país viven violentas protestas que piden la renuncia de la nueva mandataria, el cierre del Congreso y la convocatoria constitucional.