Pese a negarse a ser parte del Acuerdo por Chile, alianza entre partidos políticos que dio inicio a este segundo proceso constituyente, el Partido Republicano fue el gran ganador de las elecciones de este 7 de mayo, al alcanzar 22 de los 50 consejeros constitucionales; pero en contraparte, la centroizquierda fue la gran derrotada de la jornada al no obtener ningún cupo en el órgano.
Según el Servicio Electoral de Chile (Servel), con el 99,90 % de votos escrutados, los republicanos han obtenido un 35,42 % de los votos, seguido por Unidad para Chile (izquierda) que cuenta con el apoyo de un 28,57 % de los votantes, y Chile Seguro (derecha tradicional), con un 21,07 %.
En este sentido, el presidente chileno Gabriel Boric ha declarado que el país andino busca adelantarse con este proceso electoral y no se trata de ‘vendettas’. “Quiero invitar al Partido Republicano […] a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento”, ha sostenido.
Más de 15,1 millones de chilenos fueron convocados a votar el domingo en los comicios en las mesas receptoras habilitadas en todo el país en 2932 locales de votación para participar en los segundos comicios constituyentes en dos años. La participación era obligatoria y tiene una multa por no asistir entre 31 000 y 189 000 pesos (de 34 a 212 euros).
El líder del partido de derecha, José Antonio Kast —que compitió con el ahora presidente, Gabriel Boric, en el balotaje de 2021— tras los cómputos entregados por el Servicio Electoral, donde el Partido Republicano tuvo 22 escaños, dijo que “no hay mucho que celebrar porque Chile no está bien”.
En estas elecciones constitucionales, los ciudadanos tenían que elegir los 50 consejeros —25 hombres y 25 mujeres)— entre más de 350 candidatos. La propuesta de Carta Magna será sometida a referéndum el 17 de diciembre en un proceso muy similar al del pasado 4 de septiembre cuando fue rechazado en votación un primer borrador constitucional redactado por una clara mayoría progresista.
La Constitución actual está en vigor desde 1980 y fue aprobada bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1974-1990). La nueva Carta Magna defiende un “Estado social de derechos”, en respuesta a reclamos de los ciudadanos en las masivas marchas de octubre de 2019, además de establecer un nuevo catálogo de derechos sociales en salud, educación y pensiones, con un marcado énfasis medioambiental y de protección de nuevos derechos.