Jacqueline Castillo, vocera de Asociación de las Madres Víctimas de los Falsos Positivos (Mafapo), habla con más tranquilidad que antes. Pero esto no quiere decir que el dolor se haya ido, ni mucho menos.
Solo que su lucha, y la de más familiares, empezó a obtener respuestas, y con las respuestas algunos culpables de las ejecuciones extrajudiciales que vivió Colombia entre 2004 y 2010, jóvenes de bajos recursos engañados con propuestas de trabajo y que fueron asesinados por el Ejército y mostrados como guerrilleros dados de baja en combate.
A esta práctica, que ocurrió en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), se le conoce como falsos positivos, la orden de los altos mandos militares por obtener resultados, a toda costa, en el campo de batalla.
Por estos hechos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que nació del Acuerdo de Paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC (2016), ha realizado varias audiencias en las que militares, de todos los rangos, confesaron sus crímenes.