Teherán, IRNA- La pérdida de asistencia social en Argentina, las continuas protestas de la opinión pública y las críticas de los opositores al gobierno son el resultado de la controvertida política del gobierno de extrema derecha de Argentina de reducir el tamaño del gobierno mediante la eliminación de varios ministerios bajo el pretexto de no ser rentable.

Según informa IRNA del diario El País el miércoles, el Ministerio de Capital Humano se ha convertido en un problema para el gobierno del presidente argentino Javier Milei. Javier Milei fusionó en esa cartera cuatro ministerios del anterior Gobierno —Educación, Trabajo, Desarrollo Social y Cultura— y le agregó la Administración nacional de la seguridad social (Anses). Nombró a una persona que no tenía experiencia previa en la administración pública para dirigir esta gigantesca institución: Sandra Pettovello, una periodista de 55 años.

Pasados seis meses, el ministerio se tambalea golpeado por escándalos, una docena de dimisiones de altos cargos y críticas cada vez más duras contra su titular. Pero Pettovello mantiene por ahora el único apoyo que necesita, el de Milei. “Es la mejor ministra de la historia”, la defendió el mandatario ultraderechista el martes. “No la voy a entregar”, advirtió un día antes, en respuesta a los pedidos de renuncia que llegan desde la oposición.

El Ejército comenzó a repartir de apuro parte de los más de cinco millones de kilos de alimentos que estaban almacenados en dos depósitos oficiales. El Gobierno, que se había negado en un primer momento a repartirlos bajo el argumento de que los reservaba para “emergencias”, cedió ante la evidencia de que muchos de ellos estaban por vencer. Pettovello echó entonces al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, y lo denunció ante la Justicia. Lo acusa de no haber avisado de las fechas de caducidad y, también, de supuesta falta de transparencia en contrataciones de empleados a través de un organismo internacional.

Milei y Pettovello mantienen una guerra abierta contra los movimientos sociales que gestionan gran parte de los comedores gratuitos que durante años recibieron alimentos desde el Estado. Los acusa de haber montado “un sistema de esclavitud moderno” y de extorsionar a los pobres cambio de ayuda. A su vez, los referentes sociales dicen que el Gobierno deja vencer alimentos en un contexto social crítico, en el que más de cinco millones de personas pasan hambre. La tensión entre las partes terminó este martes a los gritos en los tribunales.

9490**