Mayid Tajt Ravanchi, embajador y representante permanente de la República Islámica de Irán ante las Naciones Unidas, remitió una carta de denuncia el pasado día 8 a Abdulla Shahid, presidente de la Asamblea General, advirtiendo que las crueles sanciones ponen en peligro la salud de toda la población iraní por meros fines políticos que deberían ser considerados como un crimen de guerra y contra la humanidad.
“Actualmente, el mundo sigue sufriendo los perjuicios y trastornos ocasionados por la pandemia del Covid-19, cuyos graves efectos han sumido en la confusión a numerosas sociedades y sus economías. La pandemia también ha ralentizado la lucha contra el VIH y, en consecuencia, aquellos que conviven con esa enfermedad son ahora mucho más vulnerables”, destacó.
“En Irán, la Cobertura Sanitaria Universal (CSU) ha desempeñado un papel clave en la respuesta a los problemas asociados con el VIH-SIDA. Y se han logrado significativos avances en la promoción de la salud y el bienestar de las personas vulnerables o afectadas por el VIH, así como en la eliminación de la transmisión de la enfermedad de madre a hijo y en la reducción del número de contagios entre los consumidores de drogas.
Sin embargo, y a pesar de esos importantes avances, mi país continúa sufriendo las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EEUU en contravención con los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, así como de las normas más básicas de las relaciones internacionales. Las sanciones ilegales han provocado una reducción de recursos públicos y privados asignados a la prevención y tratamiento del VIH, impactando negativamente en su atención, afectando negativamente al sistema sanitario, obstaculizando el acceso a medicamentos, así como a las tecnologías y alianzas asequibles, incluso con instituciones financieras internacionales.
En las actuales circunstancias derivadas de la pandemia de Covid-19, el impacto sufrido por esas medidas en la sanidad pública de mi país ha tenido consecuencias especialmente negativas para las mujeres, los niños, los adolescentes, los ancianos y las personas con discapacidades.
Poner en peligro la salud y la seguridad de poblaciones enteras con fines políticos no solo es ilegal, sino también un crimen de guerra y de lesa humanidad que entraña responsabilidades internacionales. Y todo el mundo tiene la responsabilidad ética de oponerse enérgicamente a esas sanciones y pedir su inmediata eliminación.
Para concluir, quisiera reiterar que la implementación de las recomendaciones contenidas en las políticas relacionadas con el programa VIH/SIDA y la Declaración Política aprobada por esta augusta Asamblea, debe ser compatible con las respectivas leyes nacionales y las prioridades de desarrollo de los Estados Miembros, respetando plenamente al mismo tiempo los diversos valores religiosos y éticos, así como los antecedentes culturales de su pueblo”.
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