“Estamos viendo un golpe de Estado en curso, en el que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto”, denunció Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, en una rueda de prensa.
En este sentido, cuatro días después de que la Justicia guatemalteca inhabilitara a su partido, Arévalo dijo que existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y ha puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia.
El mandatario electo señaló directamente a la fiscal general, Consuelo Porras; al fiscal especial contra la impunidad; Rafael Curruchiche, al juez séptimo de penal; Fredy Orellana, y a la Junta Directiva del Congreso, de estar detrás de una serie de acciones que, según él, constituyen un golpe de Estado.
De acuerdo con el presidente electo guatemalteco, la intención de estos sectores, a los que llamó funcionarios y políticos corruptos, es impedir la toma de posesión de él mismo como presidente, de la vicepresidenta electa y de los diputados electos en las pasadas elecciones generales en el país centroamericano.
Bernardo Arévalo ganó la segunda vuelta de las elecciones el 20 de agosto con el 60,91% de los votos frente a su rival Sandra Torres, quien obtuvo 39,09% de los sufragios, según los datos del Tribunal Supremo Electoral publicados el pasado 28 de agosto. De esta manera, Arévalo se convirtió en el primer presidente electo emanado de un movimiento de izquierda en más de medio siglo en el país centroamericano.
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